Pagos digitales en 2026: Nueva ley para su adopción

Tabla de contenidos

Contexto y alcance: Este artículo resume los puntos principales de la iniciativa recibida en la Cámara de Diputados para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y sus posibles implicaciones para comercios y usuarios. Se enfoca en lo que plantea el documento (marco jurídico, expediente digital ciudadano, conectividad, sectores definidos por SHCP y ajustes operativos vía Banxico).

Claves de la nueva ley para pagos digitales

  • La Cámara de Diputados recibió una iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital.
  • El proyecto busca un marco jurídico que acelere la aceptación generalizada de pagos digitales, más allá de la infraestructura.
  • La propuesta incluye crear un expediente digital ciudadano para facilitar trámites y contratación de servicios financieros a distancia.
  • La SHCP definiría sectores donde los pagos digitales podrían ser la única forma de pago.
  • Banxico podría ampliar niveles de operación de cuentas de depósito a la vista para adaptarlas a necesidades de la población.

Marco Legal para Pagos Digitales

  • Qué es: una iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y crear un marco legal que ordene responsabilidades para impulsar pagos digitales.
  • Qué cambia (en lo esencial):
  • De “tener infraestructura” a asegurar aceptación y continuidad (habilitar, informar y atender contingencias).
  • Introduce un expediente digital ciudadano como mecanismo de confianza para consulta/uso de documentos.
  • Permite que SHCP defina sectores donde el pago digital podría ser la única forma de pago.
  • Abre la puerta a que Banxico amplíe niveles de operación de cuentas a la vista para incentivar el uso.
  • A quién impacta:
  • Usuarios: menos fricción en trámites/contratación a distancia (si el expediente se implementa y es aceptado).
  • Comercios y proveedores: mayor exigencia de operación continua y comunicación al cliente.
  • Autoridades: obligación de impulsar conectividad e inclusión financiera como habilitadores.

La Cámara de Diputados recibe iniciativa para la Ley de Economía Digital

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo explícito de contar con un marco jurídico que fomente transacciones digitales.

El documento parte de una premisa: el “bienestar” no se logra solo con desplegar infraestructura. Plantea que la transición requiere, además, aceptación generalizada de pagos digitales, mecanismos de identidad que permitan procesos a distancia y una base legal de rango de ley que ordene responsabilidades y operación.

En esa lógica, la iniciativa asigna tareas tanto a proveedores de bienes y servicios como a autoridades de los tres órdenes de gobierno: habilitar infraestructura para recibir pagos digitales, promover su uso, informar a los usuarios qué medios ya están disponibles y prever medidas para atender contingencias que impidan su aceptación.

Etapas y próximos pasos legislativos
En qué etapa está y qué sigue (flujo legislativo, a nivel práctico):
1) Iniciativa recibida en la Cámara de Diputados.
2) Turno a comisiones para análisis y discusión técnica.
3) Dictamen (con posibles cambios al texto).
4) Votación en el Pleno.
5) Si se aprueba, pasa al Senado para un proceso similar.
6) De avanzar en ambas cámaras, viene publicación y después la implementación (reglas secundarias, plazos y operación).
Puntos de control para el lector: el “cómo” se implementa suele definirse en el dictamen y en la etapa posterior (plazos, obligaciones específicas, coordinación entre autoridades).

Objetivos de la nueva ley para pagos digitales

El objetivo central es promover la adopción de medios de pago electrónicos y digitales en la economía cotidiana. La iniciativa busca que no dependa únicamente de esfuerzos aislados del sector privado, sino de un marco que alinee a autoridades y participantes del mercado.

El texto subraya que la aceptación debe ser “generalizada”. En la práctica, esto implica que los comercios y proveedores no solo cuenten con opciones de cobro, sino que las mantengan operativas, comuniquen su disponibilidad y atiendan fallas cuando ocurran. La iniciativa también coloca el énfasis en la identidad como condición para operar a distancia, un punto clave para onboarding y contratación remota.

En paralelo, el proyecto vincula la agenda de pagos digitales con la política nacional de inclusión financiera, al establecer que las autoridades deberán coadyuvar a su cumplimiento para promover el uso de pagos digitales y electrónicos.

Objetivos Medibles en Resultados
Cómo se verían los objetivos “en resultados” (señales observables):

  • Adopción: más comercios aceptan pagos digitales de forma consistente (no solo “lo tengo”, sino “sí funciona”).
  • Continuidad operativa: existen medidas y rutinas para atender contingencias (caídas de red, fallas de terminal/QR, indisponibilidad temporal).
  • Comunicación al usuario: el cliente sabe qué medios están habilitados y cómo usarlos (señalización, instrucciones, confirmación de cobro).
  • Identidad para procesos a distancia: onboarding/contratación remota con menos fricción, con mecanismos de identidad aceptados por entidades.
  • Inclusión financiera: más personas pueden acceder y usar instrumentos de pago/depósito adecuados a su realidad (costos, límites, facilidad de uso).

Creación del expediente digital ciudadano

Uno de los instrumentos más relevantes del proyecto es la creación del expediente digital ciudadano. La iniciativa lo describe como un mecanismo de confianza para la consulta de documentos e información de los usuarios, con un propósito operativo: que las entidades lo acepten en la contratación y acceso a servicios financieros cuando sus clientes lo soliciten.

En términos prácticos, el expediente apunta a reducir fricciones en procesos donde hoy se piden documentos repetidos o validaciones presenciales. Al facilitar la consulta de información, la propuesta busca habilitar procesos a distancia, alineados con la idea de que la digitalización no es solo “pagar con el celular”, sino poder abrir, contratar y operar servicios sin barreras innecesarias.

La iniciativa también sugiere que la confianza y la identidad digital son piezas para que la infraestructura de cobro se traduzca en uso real. En otras palabras: no basta con que exista un medio de pago; se requiere que el usuario pueda identificarse y completar el proceso de forma segura y aceptada por las entidades.

Uso del expediente en contratación
Cómo podría usarse el expediente (paso a paso, según lo que describe la iniciativa):
1) El usuario solicita usar su expediente para contratar o acceder a un servicio financiero.
2) El sistema permite la consulta de documentos/información del usuario como “mecanismo de confianza”.
3) La entidad acepta esa consulta/uso del expediente para la contratación o el acceso (en lugar de pedir nuevamente los mismos documentos).
4) Se completa el proceso a distancia cuando aplique.
Checkpoints prácticos:

  • Que el usuario tenga claridad de qué información se consulta.
  • Que la entidad confirme aceptación del expediente en ese trámite específico.
  • Que exista un camino alterno si el expediente no está disponible o no aplica al servicio.

Determinación de sectores estratégicos por la SHCP

La iniciativa otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos podrá ser la única forma de pago.

Este punto introduce un cambio potencialmente profundo: pasar de la promoción a la obligatoriedad en ámbitos específicos. El texto no detalla cuáles sectores serían incluidos, pero sí establece el mecanismo institucional: Hacienda definiría dónde el pago digital podría convertirse en el estándar exclusivo.

Para comercios y prestadores de servicios, la implicación es clara: si su actividad queda dentro de esos sectores, la preparación operativa —infraestructura, continuidad del servicio, comunicación al usuario— dejaría de ser una ventaja competitiva y se convertiría en un requisito de cumplimiento.

Pago digital: beneficios y riesgos
Pago digital como única forma de pago en ciertos sectores: beneficios y riesgos a considerar

  • A favor:
  • Puede acelerar la aceptación generalizada y estandarizar procesos de cobro.
  • Facilita trazabilidad operativa y puede habilitar servicios digitales asociados (p. ej., comprobantes, conciliación).
  • Empuja inversión en infraestructura y continuidad (si se acompaña de conectividad).
  • En contra / retos:
  • Si la conectividad es intermitente, el “único medio” puede convertirse en un punto único de falla para ventas y servicios.
  • Puede dejar atrás a usuarios sin acceso estable a red, dispositivo o cuenta funcional, afectando inclusión.
  • Aumenta la exigencia de soporte (qué pasa cuando falla el QR/terminal, o hay caídas de red).

La clave práctica: la obligatoriedad funciona mejor cuando viene acompañada de conectividad, alternativas operativas ante contingencias y herramientas de adopción para usuarios y comercios.

Qué cambia en la operación diaria para comercios (si avanza la iniciativa)

Sin asumir sectores específicos, el texto de la iniciativa pone el foco en tres frentes operativos: (1) recepción (habilitar infraestructura para aceptar pagos digitales), (2) continuidad (prever y atender contingencias que impidan la aceptación) y (3) comunicación (informar al usuario qué medios están habilitados). En paralelo, el expediente digital ciudadano apunta a reducir fricción en trámites y contratación a distancia, lo que puede impactar procesos de alta/validación de clientes en servicios financieros.

La medida también se conecta con el argumento de “aceptación generalizada”: al delimitar sectores donde el pago digital sea único, el Estado podría acelerar la adopción en cadenas completas de valor, siempre que existan condiciones de acceso y conectividad.

Planes y políticas para facilitar el acceso a pagos digitales

El proyecto establece que las autoridades deberán llevar a cabo planes, políticas y programas en materia de conectividad que coadyuven a la implementación y operación de los pagos digitales y, especialmente, que faciliten su acceso para la población.

La conectividad aparece como condición habilitante: sin acceso estable a redes, la aceptación de pagos digitales se vuelve intermitente o inviable, particularmente fuera de zonas con buena cobertura. Por eso, la iniciativa no se limita a pedir que se “habilite infraestructura” de cobro; también plantea que el Estado impulse políticas para que esa infraestructura funcione en la práctica.

En el diseño propuesto, los pagos digitales avanzan junto con la inclusión financiera: el objetivo no es solo modernizar el checkout, sino ampliar el acceso a servicios y herramientas asociadas.

En el debate público, expertos citados por Citi han señalado que, a partir de una economía digital con CoDi, se podrían dar herramientas de educación financiera y acceso a otros servicios, reforzando la idea de que el pago digital puede ser puerta de entrada a productos financieros.

Conectividad y adopción en pagos
Por qué “conectividad + adopción” es el cuello de botella (señales y datos públicos):

  • En América Latina y el Caribe, un estudio de Mastercard (2026) reporta que casi 9 de cada 10 consumidores dicen estar listos para adoptar pagos digitales en transacciones cotidianas (es una medición de intención/actitud, no una garantía de uso efectivo).
  • El BID ha documentado una transformación profunda en la región asociada al uso de pagos digitales, destacando que la adopción suele acelerarse cuando hay infraestructura interoperable, aceptación en comercios y condiciones de acceso.
  • En México, la mención de CoDi en el debate apunta a un mecanismo de pagos digitales que, en la práctica, depende de que el usuario tenga acceso a un dispositivo y conectividad suficiente para operar de forma consistente.

Lectura práctica: si la intención de adopción es alta pero la experiencia falla por red/operación, el usuario regresa al efectivo; por eso la iniciativa amarra pagos digitales a políticas de conectividad e inclusión.

Ampliación de cuentas de depósito por el Banco de México

La iniciativa también asigna un rol al Banco de México: podrá ampliar los niveles de operación de las cuentas de depósito de dinero a la vista, con la finalidad de generar alternativas que se adapten a las necesidades de la población e incentivar el uso de medios de pago electrónicos y digitales.

El planteamiento sugiere que, para masificar pagos digitales, no basta con exigir aceptación en comercios o promover conectividad; también se requiere que las personas cuenten con instrumentos de depósito adecuados a su realidad. Al ampliar niveles de operación, Banxico podría habilitar esquemas que faciliten el uso cotidiano de cuentas para pagos, transferencias y cobros.

En el ecosistema de pagos, este tipo de ajustes puede ser determinante: si más usuarios pueden operar cuentas a la vista bajo condiciones que se ajusten a sus necesidades, se reduce la dependencia del efectivo y se vuelve más natural pagar digitalmente en comercios y servicios.

La iniciativa, en conjunto, dibuja una estrategia de tres capas: reglas (ley), habilitadores (identidad y conectividad) e instrumentos (cuentas), con el banco central como pieza para ampliar alternativas de uso.

Aspecto Antes (situación típica) Después (lo que habilita la iniciativa) Qué significa en la práctica
Niveles de operación de cuentas a la vista Pueden existir niveles/condiciones que no se ajustan a todos los perfiles de uso Banxico podrá ampliar niveles de operación para generar alternativas Más margen para diseñar cuentas que funcionen mejor para pagos cotidianos
Adecuación a necesidades de la población La oferta puede no cubrir bien casos de uso de baja frecuencia o montos pequeños Se busca que las alternativas se adapten a necesidades diversas Facilita que más personas usen cuentas para pagar/transferir sin fricción
Incentivo al uso de pagos digitales La adopción depende de aceptación en comercios y hábitos Se suma un habilitador desde el lado del instrumento (cuenta) Menos dependencia del efectivo si la cuenta es usable y accesible

Perspectivas de los Pagos Digitales en 2026

La Ley de Economía Digital y su Impacto

Si la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos avanza, el impacto esperado se concentrará en ordenar responsabilidades y acelerar la adopción: desde la obligación de habilitar infraestructura y atender contingencias, hasta la creación del expediente digital ciudadano como soporte de procesos a distancia.

El diseño también abre la puerta a una adopción más rápida en sectores definidos por SHCP, al permitir que los pagos digitales sean la única forma de pago en actividades estratégicas. En paralelo, la coordinación con inclusión financiera y conectividad busca evitar que la digitalización se limite a zonas o segmentos con mayor acceso.

Para comercios y pymes, el mensaje es anticipatorio: la aceptación de pagos digitales tendería a convertirse en un estándar operativo, con mayor exigencia de continuidad, comunicación al usuario y preparación para fallas.

Tendencias Clave en el Uso de Pagos Digitales

En 2026, el contexto global de pagos digitales está marcado por la evolución tecnológica y la adaptación regulatoria. Entre las tendencias destacadas se encuentran el avance de pagos en tiempo real, el uso creciente de IA en la infraestructura de pagos y la expansión de mecanismos de identidad y seguridad para operar sin fricciones.

También gana terreno la idea de que la digitalización del pago es un punto de partida para servicios adicionales: educación financiera, acceso a productos y experiencias más ágiles. En ese marco, iniciativas que empujen identidad digital y adopción masiva —como el expediente digital ciudadano y la promoción de CoDi— se alinean con un cambio más amplio: pasar del efectivo como norma a un ecosistema donde pagar digital sea lo habitual, confiable y accesible.

Señales clave para 2026
Qué vigilar en 2026 (señales que pueden mover la adopción real):

  • Pagos en tiempo real y A2A: más casos de uso donde transferir y cobrar sea inmediato, con mejor interoperabilidad.
  • IA en pagos: automatización de prevención de fraude y experiencias más “invisibles” (pero con nuevos riesgos de suplantación).
  • Tokenización y credenciales más seguras: menos exposición de datos sensibles en transacciones.
  • Identidad digital: mecanismos que permitan contratar/operar a distancia con menos fricción.
  • Inclusión y conectividad: si no mejora la experiencia en zonas con cobertura irregular, la adopción puede estancarse aunque exista infraestructura.

Este análisis se elaboró a partir de lo descrito en la iniciativa y de sus implicaciones directas para la aceptación de pagos, continuidad operativa e identidad/conectividad en el cobro. En PAGORALIA, el enfoque editorial prioriza cómo estos cambios pueden afectar el checkout y la operación de cobros de comercios y pymes en México.

Este texto sintetiza una iniciativa legislativa y sus posibles implicaciones operativas, pero el contenido puede variar a medida que avance el debate y se aprueben enmiendas. Las tendencias de 2026 se basan en información pública disponible al momento de publicación y podrían cambiar con nuevas normas, tecnología y condiciones de mercado. Pueden producirse actualizaciones si surgen datos adicionales o se modifican los supuestos actuales.